Cerca de 3.000 indígenas, en su mayoría mujeres, se han manifestado contra lo que ellos denominan "políticas genocidas" del gobierno de Jair Bolsonaro, que se opone a nuevas demarcaciones de tierras y pretende la apertura de reservas naturales a actividades como la minería.

Se trata de un convenio de colaboración «pionero» en Castilla y León que busca la inserción del colectivo.